El presidente Donald Trump redujo su papel en la reciente invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para deportar a inmigrantes venezolanos, afirmando este viernes que no firmó la proclamación que dio lugar a las expulsiones. Por primera vez, Trump negó haber puesto su firma en el documento, aunque respaldó la acción tomada por su administración.
“Yo no sé cuándo se firmó, porque no la firmé”, dijo Trump a los periodistas antes de abordar su avión en la Casa Blanca. «Queremos sacar a los criminales de nuestro país, eso es lo primero», agregó, mientras explicaba que la decisión fue tomada por otros funcionarios dentro de su gobierno.
Esta declaración sorprendió, ya que el Registro Federal de EE.UU. muestra la firma de Trump al pie del decreto. Sin embargo, poco después de sus comentarios, la Casa Blanca aclaró que Trump se refería a la Ley de Enemigos Extranjeros original de 1798 y no al decreto actual. El comunicado señaló que el presidente firmó el decreto que designó al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera para permitir su detención y deportación.
La situación se complica aún más con las declaraciones del mandatario sobre el senador Marco Rubio, a quien citó como parte clave en la gestión de la medida. “Marco Rubio ha hecho un gran trabajo, y él quería que se fueran, y estamos de acuerdo”, dijo Trump, al referirse a la deportación de los migrantes. Este comentario contradice la declaración oficial de la Casa Blanca, que aseguró que Trump fue quien firmó el documento.
La controversia también se extendió a los tribunales. En una audiencia el viernes, el juez James Boasberg criticó la manera en que se manejó el caso y prometió investigar si la administración violó sus órdenes, que bloqueaban temporalmente el uso de esta ley para deportaciones. Además, Boasberg mostró su descontento con el tono de los escritos del Departamento de Justicia, acusándolos de usar un lenguaje “destemplado e irrespetuoso”.
El Departamento de Justicia argumenta que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros no debería ser revisado por los tribunales, y que el juez Boasberg excedió su autoridad al bloquear las deportaciones. Mientras tanto, el futuro de la controversia judicial sigue sin resolverse, dejando en vilo la implementación de la medida presidencial.
Este episodio refleja la creciente tensión entre el poder ejecutivo y el poder judicial en torno a las políticas migratorias de la administración Trump, mientras el presidente continúa defendiendo su enfoque de «sacar a las malas personas» del país.
